lunes, junio 12, 2006

Discusión sobre el uso del catalán y del castellano en la educación de Cataluña.

Hablan
Sánchez Albornoz, Unamuno, Maura, Azaña
22 de octubre de 1931
Diario de Sesiones


El Sr. Presidente: El Sr. Sánchez Albornoz tiene la palabra.

El Sr. Sánchez Albornoz:
Quiero comenzar, Sres. Diputados, por declarar que esta enmienda no responde exactamente al pensamiento de ninguno de los firmantes, ni siquiera al mío (Rumores y risas.) Sin embargo, todos hemos aceptado el texto de la misma, con la mira puesta en el porvenir de la República y de España; hemos cedido cada uno una parte de nuestras opiniones; hemos descendido de nuestras posiciones ideales, porque, Sres. Diputados, se trata de algo trascendental para la vida de España. No nos hallamos en presencia de una de tantas cuestiones como se han tratado y se han de tratar en esta Cámara en el debate de la Constitución, referentes a la vida jurídica del nuevo Estado y de la nueva sociedad que estamos organizando en estos días; emerge la cuestión de la entraña misma del futuro de España. Si nos equivocamos en cualquiera otro de los temas aquí resueltos o que hemos de resolver, habremos hecho o haremos un cieno daño a tal o cual ideal y, en último término, al Estado que estamos formando; pero si nos equivocamos al resolver este problema, habremos hecho un grave daño a la República y a España.

No creo que pueda ser sospechoso de falta de fervor por Castilla y por España; cuantos me conocen saben hasta qué punto vibra mi sensibilidad ante todas las cuestiones que afectan a Castilla, ante todas las tradiciones castellanas, ante el pasado y el futuro de Castilla. En esta misma Cámara he demostrado ese interés y esa devoción y muchos saben también cómo constituye para mi una pesadilla el recuerdo de la ruina de Castilla, por el abandono de las otras regiones en el momento en que ella estaba sosteniendo una política, heredada precisamente de la corona catalanoaragonesa. Pero, a pesar de todo, estoy satisfecho de haber puesto mi firma al lado de las de otros Sres. Diputados castellanos y catalanes, para encontrar una solución a este problema fundamental de las lenguas, porque estoy convencido de que en el problema de las lenguas radica tal vez la clave de la futura organización de España; que en el problema de las lenguas estriba la clave de los movimientos regionales que han venido constituyendo la grieta de España, como se ha dicho con frase gráfica por un escritor norteamericano.

Mientras nosotros no acertemos a encontrar una fórmula que satisfaga por igual a todos, el problema de las lenguas seguirá pesando sobre España, y España seguirá en equilibrio inestable, arrastrando esa pesadumbre de los problemas regionales que han constituido un obstáculo para la Monarquía y que pueden constituirlo para la República. Será vano que nosotros concedamos las máximas autonomías a las regiones, que lleguemos a ser ultraliberales en el establecimiento de las funciones de los órganos regionales, si nosotros dejamos pendiente un hilillo, por leve que sea, que pueda parecer coyunda para el futuro desenvolvimiento de esas lenguas vernáculas de las regiones hermanas de Castilla. Por eso, señores Diputados, todos sabéis que llevo semanas preocupándome de resolver esta cuestión, de acuerdo con los Diputados de las regiones, especialmente con los Diputados de Cataluña; ellos saben hasta qué punto ha llegado en mí la tenacidad en la disputa con ellos mismos, y mis compañeros de minoría, cuál ha sido mi constancia en la defensa de mi pensamiento y de mis ideas a este respecto.

Algunos amigos catalanes, entre bromas y veras han llegado a hablar de que se proyectaba en mí como una sombra del viejo imperialismo de Castilla, deseando establecer también un nuevo imperialismo castellano en los tiempos modernos. Ni entonces ni ahora empuja la nave de Castilla la más leve ráfaga de imperialismo; cuando el castellano triunfó en las regiones hermanas de Castilla, no hubo disposición alguna que lo impusiera; fue el genio de Castilla, movido entonces por los cerebros más fuertes de la raza, el que determinó la adopción libérrima de nuestra cultura y de nuestras letras por las regiones gallega y catalana (Muy bien.) No me mueve, Sres. Diputados, un átomo de imperialismo. ¿Para qué? ¿Qué podría importarnos a nosotros que hablasen o no mañana el castellano cuatro millones de catalanes españoles, si lo van a hablar cientos de millones de hombres a través de todos los mares y de todos los continentes? Porque, como decía Nebrija, la lengua sigue al imperio y por los azares de la Historia (aunque yo no creo que el azar presida la Historia), el castellano se ha difundido por todos los mares a todos los continentes y cada año aumenta el número de las gentes que piensan, sienten, sufren y aman empleando el verbo de Castilla. No puede, por lo tanto, preocupar a ningún castellano el porvenir de nuestro idioma; el porvenir de nuestro idioma está definitivamente asegurado en el mundo.

Algunos escritores catalanes hablan, tal vez con gozo, de la posible dispersión de esa lengua en una serie de lenguas diferentes, a través de todo el mundo en donde se habla nuestro idioma; yo debo decir desde aquí, a Rovira y Virgili, que ha sostenido esta tesis, que no olvide que en estos tiempos la Imprenta, la intercomunicación entre los hombres, la rapidez de los viajes, la posibilidad incluso de hablar con América a través de los mares, ha de impedir esa transformación. No olvidemos que para producir la de la lengua latina fue necesario que pasaran muchos siglos. No nos preocupa, por tanto, el porvenir, ni tenemos interés alguno en imponer el castellano; quiero que esta afirmación quede terminante y precisa por boca de un hijo de Castilla.

Hay otros, castellanos, que, a la inversa, piensan que me mueve un temor de ruptura de la unidad española. No; ni imperialismo orgulloso ni temor pusilánime al futuro de España. La unidad española radica en algo sustantivo; pese a algunos amigos catalanes que se sientan enfrente, hay una unidad geográfica, racial, cultural, de temperamento y de destino, que nos ata a perpetuidad; pese a las pesadillas de los cerebros torturados de uno y otro bando, no corre peligro la unidad española, primero, porque sólo desean la ruptura de esa unidad una docena de insensatos, que llaman ya traidores a las gentes que se sientan en esos bancos (Señalando a los de la minoría catalana) y que defienden la libertad de las regiones; después, porque si algún día la pasión cegara de tal manera las mentes de todas las gentes que integran una cualquiera de las regiones españolas que les llevara a un suicidio colectivo, a pensar en una separación de España, las otras regiones no lo consentirían, y, por último, porque si España tendiera algún día puente de plata a la región hostil que no se comportara fraternalmente con otras, todos lo sabéis, la región que atravesara el Rubicón de la ruptura, antes de medio siglo, o tendría que pedir sin condiciones su reingreso en la comunidad española o seria un montón de harapos y de ruinas.

Yo estoy absolutamente tranquilo por la unidad de España; no creo que corra ningún peligro; por lo tanto, no es un movimiento imperialista ni un movimiento de temor lo que me ha llevado día tras día a discutir con unos y con otros para asegurar el mantenimiento de la enseñanza del castellano en Cataluña. Porque hay, Sres. Diputados, dos problemas en el artículo que estamos discutiendo: uno, el que hace referencia a la perpetuación del conocimiento del castellano en toda España; otro, que se refiere al respeto de los derechos de las minorías o de las mayorías de habla castellana en una región determinada. No hay paridad entre ambos; los separa un abismo. El derecho de las minorías de habla castellana, para gentes de espíritu liberal como nosotros, es un derecho respetable, más que respetable, es un derecho sagrado; pero no puede haber comparación entre el respeto de este derecho sagrado de las minorías y el interés supremo de mantener la unidad espiritual de España, de mantener el conocimiento integral de la lengua castellana en toda España, y a este mantenimiento del conocimiento del castellano va encaminada precisamente mi enmienda, que todos conocéis, que trata de establecer el empleo del castellano como instrumento de enseñanza, para que puedan las gentes que habitan las distintas regiones conocer debidamente la lengua que es trabazón del Estado español.

Me mueve a mantener esta enmienda, a procurar su aprobación, un claro deseo de mantener la unidad espiritual de España y un férvido entusiasmo por el propio interés cultural de las regiones. La unidad espiritual de España se mantendrá, como se mantuvo en otros tiempos, sin imposición legal de ningún género; lo he dicho otro día desde estos bancos: nunca hemos estado más atados por las leyes que en los últimos tiempos, y nunca hemos estado, sin embargo, más distanciados en las voluntades y en los corazones. Yo no siento pavor alguno ante el mañana, porque la cultura de Castilla seguirá triunfando como hasta ahora, y más que hasta ahora, cuando no represente una imposición para Cataluña, cuando represente sencilla y únicamente la cultura del Estado dentro del cual se mueve; la cultura de corte universal a la que está unida por una tradición secular.

Pero aun más interés tiene para las regiones que para nosotros el mantenimiento del conocimiento del castellano en ellas, porque la Historia ha dejado reducidas las hablas de Vasconia y de Cataluña, por ejemplo, a un rincón de los Pirineos la una; a un rincón de la costa mediterránea la otra. Para moveros en España y en el mundo, hermanos de Cataluña y Vasconia, necesitáis una segunda lengua; esa segunda lengua, desde que Cataluña se unió a Aragón, hace siete siglos, y en Galicia y Vasconia, desde que el castellano se formó en las montañas de Bureba, ha sido siempre la lengua castellana. La hermandad, la facilidad de aprendizaje, hace que no sea para vosotros dificultad ninguna su conocimiento; además es la lengua de todo el Estado español y, sobre todo, de esa comunidad hispanoamericana, formada por 80 millones de hombres (cuyo número puede doblarse y triplicarse a medida que ascienden en su curva de desenvolvimiento los Estados hermanos de América), dentro de cuyo imperio cultural tenemos por fuerza que movernos, si no queremos perecer en el choque futuro de las constelaciones de Estados; porque es notorio que la Humanidad marcha hacia organizaciones superestatales que descansen en unidades distintas de la nación, y naturalmente, una de esas constelaciones ha de ser la constituida por los pueblos hispanoamericanos. Dentro de ese radio de acción hemos de vivir si no queremos perecer todos, y en estos momentos en que los espíritus adivinos del mañana ven con claridad que el mundo futuro ha de repartirse entre los pueblos de habla eslava, entre los pueblos de habla inglesa y entre los pueblos de habla castellana, son cientos de miles las gentes que en Germania, en Eslavia, en Inglaterra, en Francia y en América buscan el instrumento de la lengua castellana, pensando en ese inmenso porvenir reservado a nuestra raza. ¿Puede haber una sola región tan suicida que, teniendo en su mano el instrumento maravilloso del idioma castellano, que ha de permitirle moverse dentro de ese ámbito general de la cultura hispanoamericana, lo abandone? Por eso los catalanes han aceptado mi enmienda y la han firmado conmigo, convencidos de que era necesario para ellos, como para todos, no abandonar ese arma, de universal alcance, para las luchas futuras del mañana. Y aceptada por ellos la convicción de que era necesario el conocimiento de la lengua castellana, la fórmula de que se utilizara como instrumento de enseñanza era una consecuencia natural de las normas pedagógicas modernas. Es notorio, señores Diputados, que en todas partes surgen hoy instituciones que procuran facilitar el conocimiento de las lenguas utilizándolas como instrumento de enseñanza; este es el régimen, por ejemplo, que se recomienda en la Sociedad de las Naciones, el que se emplea en instituciones de Ginebra, el que se emplea hoy también en instituciones españolas, como el Colegio Plurilingüe; este el método que al fin y al cabo ha de imponerse en todas partes, el método que científicamente ha de emplearse mañana para aprender aquellos idiomas que quieran ser perfectamente conocidos y hablados por las gentes de verbo diferente.

El problema del mantenimiento del castellano en España, en todas las regiones que forman la trinidad de las que no usan la lengua castellana como suya, está, pues, garantido con la enmienda que un grupo numeroso de Diputados de distintos sectores de esta Cámara hemos sometido a deliberación.

Queda el problema de las minorías, señores Diputados; queda un problema tal vez leve hoy, pero grave por sus posibles consecuencias. Piense la Cámara que vamos a jugar con fuego. No hay en el artículo una sola sombra que limite el derecho de esas minorías a recibir la enseñanza en la lengua nacional. Está garantido en el artículo 47 (El Sr. Maura pide la palabra), porque nosotros estableceremos en la futura ley de Instrucción pública cuáles han de ser las formas y sistemas de enseñanza en todas partes; está garantido en este propio artículo 48, en la frase que dice: «Se concederá a las regiones el derecho a establecer la enseñanza conforme a lo que determinen sus Estatutos.» En esos Estatutos, en el catalán, por ejemplo, viene ya el reconocimiento de las minorías a recibir la enseñanza en castellano en la Escuela y en el Liceo, y de ahí lo llevaremos también a las Universidades, y lo llevaremos, porque para eso estamos nosotros aquí, y porque además yo me fío por completo de la lealtad de esos hombres que saben perfectamente que la única garantía para la aprobación de su Estatuto es nuestro espíritu liberal. Siendo nosotros los más, y a pesar de los movimientos pasionales que algunas palabras, algún gesto de ciertos catalanes habían levantado en nosotros, hemos convenido aquí en el reconocimiento de su autonomía. Ellos, en nombre de la libertad, nos piden el reconocimiento de su derecho al libre establecimiento de sus leyes, pero no nos podrán pedir en nombre de esa libertad el establecimiento de una tiranía para las minorías. Yo estoy seguro de que ellos han de venir aquí aceptando en sus Estatutos la misma libertad que nosotros hemos votado y vamos a votar. Pero si, por el contrario, alguna región no lo trajera así establecido en su Estatuto -siempre estaría en nuestras manos el aprobarlo o no-, esa garantía para la minoría castellana siempre queda asegurada por el derecho del Estado a establecer en esas regiones aquellos Centros de enseñanza que juzgase necesarios para salvaguardar la unidad espiritual española y el derecho de las minorías lingüísticas.

Yo no dudo, señores Diputados, de que estas consideraciones que sugiere el examen atento y minucioso de los artículos que discutimos, llevarán al ánimo de la Cámara el convencimiento de que no tiene nada que temer tampoco el derecho, he dicho antes que sagrado, de todos los españoles a recibir la enseñanza en la lengua materna y en la lengua oficial de la República. Queda la Cámara como garantía última para la aprobación o denegación de los Estatutos en que se niegue aquella libertad a la que nosotros asentimos. Y esto sentado, que piense la Cámara, que medite la Cámara en lo que va a votar. Vosotros, amigos radicales, que habéis sido el partido histórico de la revolución, y vosotros, amigos socialistas, que sois firme esperanza del mañana para la República, tened en cuenta que mientras dejemos pendiente un solo hijo que pueda parecer coacción, sombra de menoscabo en el empleo de las lenguas regionales, habrán sido inútiles todos nuestros esfuerzos, habrá sido inútil nuestra revolución. La República seguirá viviendo en situación inestable, como vivía la Monarquía, arrastrando tras sí el peso de los movimientos regionales, que dificultarán, no la vida de la República, que esta asegurada (porque, pasara lo que pasara en esta Cámara, en Cataluña no podría ocurrir nada contra la República), pero sí la emoción cordial de las regiones frente a esta República que nosotros hemos traído y que queremos afirmar para bien de España.

Sólo mediante la concesión de las máximas libertades y mediante los máximos respetos a las hablas regionales podremos encontrarnos todos a gusto dentro de este Estado que estamos edificando todos juntos. Porque, señores Diputados de habla castellana, de la misma manera que nosotros amamos nuestra lengua, que ha sido la lengua de nuestros padres, que lo es de nuestras mujeres y de nuestros hijos, en la cual hemos vertido nuestros pensamientos, los frutos de nuestras vigilias, con la misma emoción aman también la suya nuestros hermanos de Vasconia, de Galicia y de Cataluña; y si nosotros pondríamos todo nuestro esfuerzo si amenazara la más leve sombra de coacción a nuestra lengua, si nosotros lucharíamos sin freno y sin tregua para obtener la libertad de la lengua castellana, tenemos también la obligación de asentir con el mismo entusiasmo a la lucha sin freno y sin tregua por el mantenimiento y por el reconocimiento de sus idiomas de las otras regiones hermanas de Castilla.

El Sr. Presidente:
Advierto al Sr. Sánchez Albornoz que ha pasado ya el tiempo reglamentario.

El Sr. Sánchez Albornoz:
Termino en este momento dirigiéndome también a los Diputados de Cataluña para decirles: yo preferiría que votaseis y que asintieseis a esta fórmula, pensando como pensaba el gran poeta Mistral cuando decía: «J'aime mon village plus que tout vilage, j´aime ma Provence plus que ta province, j'aime la France plus que tout.»

Preferiría, señores Diputados catalanes, que votaseis esta enmienda, amando sobre todo a España, como Mistral amaba a Francia; pero tened en cuenta, por lo menos, este gesto cordial de Castilla y no os apresuréis a doblar, como lo ha hecho recientemente «Gaziel», por la muerte de España, porque aún no ha llegado el momento de entonar cantos funerarios por la España única, que hizo Castilla en fraternal alianza con las otras regiones; aun no pueden cantar gallos en esa aurora, porque España existirá mientras exista el mundo. (Aplausos.)

El Sr. Presidente: La Comisión tiene la palabra.

El Sr. Jiménez de Asúa: La Comisión acepta la enmienda.

El Sr. Presidente:
El Sr. Maura tenía pedida la palabra, pero puesto que la Comisión ha aceptado la enmienda, si lo estima oportuno, le reservaré la palabra para cuando se discuta inmediatamente una enmienda presentada por el Sr. Unamuno, y entonces, cuando llegue el momento de la votación, tendré mucho gusto en conceder al Sr. Maura la palabra para explicar el voto.

El Sr. Maura: Pero ¿no se va a votar esta enmienda?

El Sr. Presidente:
No, porque queda incorporada al dictamen. Yo supongo que, después de las manifestaciones de la Comisión, la Cámara no tendrá inconveniente en tomar en consideración esta enmienda. La Presidencia entiende que, admitida por la Comisión, queda sin más incorporada al dictamen y que la Cámara se pronunciará en relación con las otras enmiendas.

El Sr. Alba: Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S. S.

El Sr. Alba:
Por encima de la voluntad de la Comisión, señor Presidente y señores Diputados, está la voluntad de la Cámara, y ésta podrá hacer uso de su derecho de admitir o no esa enmienda.

El Sr. Presidente:
Efectivamente, por encima de la voluntad de la Comisión está la de la Cámara. Pero la admisión de esa enmienda no quiere decir sino que, si no se admiten otras, va a ser sometida a una votación definitiva como artículo, como ponencia del artículo, y entonces es cuando se manifiesta la voluntad de la Cámara.

Hay otra enmienda del Sr. Unamuno. (Véase el Apéndice 3.: al Diario número 60.)

El Sr. Unamuno: Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S.S.

El Sr. Unamuno:
La enmienda dice asi:

«A LAS CORTES CONSTITUYENTES

Los Diputados que suscriben tienen el honor de proponer la siguiente enmienda al dictamen de la Comisión de Constitución, en el art. 48:

«Art. 48. Es obligatorio el estudio de la Lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los Centros de España.

Las regiones autónomas podrán, sin embargo, organizar enseñanzas en sus Lenguas respectivas. Pero en este caso el Estado mantendrá también en dichas regiones las Instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la República.

»Palacio de las Cortes a 21 de octubre de 1931.- Miguel de Unamuno.- Miguel Maura. - Roberto Novoa Santos.- Fernando Rey.- Emilio González.- Felipe Sánchez Roman.- Antonio Sacristán.»

Y ahora Sres. Diputados, debo confesar que me levanto en muy especial estado de ánimo, no muy placentero ciertamente. Apenas convaleciente de un cierto arrechucho, no sólo físico, sino también psíquico, vengo con el ánimo profundamente entristecido y contristado y no sé si podré poner la debida sordina a mis palabras y contenerme en los límites también debidos, porque no tengo costumbre, ninguna, de ese forcejeo de partidos políticos ni de cambalaches ni de transacciones. Afortunadamente para mí, y acaso más afortunadamente para vosotros, no pertenezco o no formo parte de ninguno de esos partidos, mejor o peor cimentados, y en los que se resuelven las cosas bajo normas de disciplina; pero hay por debajo de esos partidos políticos una especie de -no le llamaremos partido- agrupaciones, que podían denominarse profesionales. En esta Cámara hay médicos, en esta Cámara hay abogados, en esta Cámara hay ingenieros, hay también hombres de oficios manuales, y en esta Cámara, señores, hay demasiados catedráticos (Murmullos); probablemente somos demasiados entre maestros y catedráticos. Yo, que sé lo que he sufrido bajo el pliegue profesional, quisiera hoy, cuando se trata de la enseñanza, poder libertarme de él, poder libertarme de ese triste pliegue que no nos deja ver las cosas con bastante claridad. Dondequiera que el Ejército ha abusado, se ha formado un partido antimilitarista; donde el Clero ha abusado, se ha formado un partido anticlerical. Nuestros hijos, nuestros nietos, conocerán en España un Partido antipedagogista, porque yo temo mucho a la pedantería de los que nos arrogamos el sacerdocio de la cultura. (Muy bien, mny bien.) Esto es algo muy peligroso; mas ahora que oigo hablar continuamente de cultura (ya es una palabra que me duele en los oídos del corazón), y aquí, cuando parece que se trata de apoderarse, por la enseñanza del niño, de formar su alma, hay veces que, tristemente, creo que de lo que se trata es de dejar tranquilos a los maestros y a los profesores; es un funcionarismo. No sé por qué en esta Constitución de papel que estamos haciendo no se ha puesto un artículo que diga: «Todo español será funcionario público»; y en muchos casos esto quiere decir que todo español será pordiosero. Esta es la verdad verdadera.

Digo esto, porque precisamente en estos días, cuando estaba apasionando aquí y fuera de aqui -en Cataluña, en Vasconia, en Galicia y en las demás partes de España- este problema de la enseñanza del idioma, he recibido cartas y telegramas de padres de familia, de muchachos algunas, de una amargura extrema, que me recordaban a aquellos pobres españoles que fueron a Cuba en un tiempo, casaron allí, formaron allí su familia y se vieron luego despreciados por sus hijos. He recibido cartas de una enorme amargura; pero la mayor parte de los telegramas han sido de funcionarios, de maestros, que lo que querían es que no se les quitara una colocación. Y es que en el fondo, más que de otra cosa, se trata de eso: de si ciertos funcionados podrán seguir funcionando en unos sitios con libertad o no podrán seguir funcionando. No es más que eso; muchas veces es una cuestión de competencia profesional.

Pero, viniendo al fondo de la cuestión, no es, acaso, lo de la lengua, con serlo tanto, lo más grave. La lengua, en muchos casos -y lo decía muy bien el Sr. De Francisco-, en mi tierra nativa se toma como un instrumento de nacionalismo regional y de algo peor, y es alli, además, una lengua que no existe, que se está inventando ahora y que rechaza todo el mundo, porque el genuino aldeano, si se le pregunta a solas, dice: 'A mí no me importa eso; lo que yo quiero es aquello que me pueda elevar el espíritu y que me pueda hacer entender de la mayor parte de las gentes.» Pero lo que se trataba con la lengua es de establecer lo que la Biblia llama un «schibolet» para distinguir a unos de otros y que pasara el que pronunciara una cosa bien y no pasara el que pronunciara otra mal. Yo he visto cosas, como decir que para poder aspirar a ser secretario de un Ayuntamiento era menester conocer el vascuence en un pueblo donde el vascuence no se habla.

Quiero abreviar, porque ya digo que no estoy en ánimo muy propicio. Se ha venido aquí hablando continuamente de cultura (oímos esta palabra allá en los principios de la guerra mundial): cultura con c de la pequeña, latina, o con k alemana, con cuatro puntas como un caballo de Frisia; pero hay otra cosa que parece más modesta que la cultura y que, sin embargo, a mí me preocupa mucho más, que es la civilización: la cosa civil. Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, cuando se dirigía a sus paisanos, a los hebreos, les hablaba en hebreo -lo cuenta el libro de «Los hechos de los Apóstoles»-, pero dictaba su cristianismo en lengua griega, que era la lengua ecuménica del Imperio romano; cuando se presentaba ante el pretor, contestaba: «Soy ciudadano romano.» La civilización es de ciudadanía y es romana y lo de la civilización es siempre imperial.

Aquí se hablaba el otro día de minorías étnicas. ¿Qué es eso de minorias étnicas? ¿Dónde están las minorías étnicas? ¿Minorías en qué sentido? ¿Contada toda España o contada una sola región? Yo me acuerdo que, hace años, un alcalde de Barcelona se dirigió al entonces rey D. Alfonso XII, en nombre, decía, de los naturales de Barcelona. Yo me creí obligado a protestar. Un alcalde de Barcelona no puede dirigirse en nombre de los naturales, sino de los vecinos, sean naturales o no, ni se puede establecer una diferencia entre vecinos y naturales. No hay, ni puede haber, dos ciudadanías.

Este es el punto de la civilización. Yo no sé cuántos son los que constituyen esa llamada minoría étnica; por ejemplo, en Barcelona no sé si son el 10, el 20, el 30 ó el 40 por 100. Lo que me parece bochornoso es que se les vaya a proteger como a una minoría. ¡ A proteger! El Estado no debe pasar por eso; a que le protejan otros y a que se les dé como una asignatura el castellano; como un instrumento, no; como una asignatura, no. Esto hace que se forme ese triste caso de lo que llaman el meteco, el hombre que está continuamente sufriendo. ¿Que por qué no se asimila? ¡Ah! Eso habría que verlo muy despacio y con mucha calma.

Pero dejando estas consideraciones, porque si me dejase llevar de ellas llegaría a cosas muy amargas, vengo al texto concreto. «Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los Centros docentes de España.» Yo hubiera preferido que se dijera: «es obligatorio enseñar en castellano. Las regiones autónomas podrán, sin embargo, organizar enseñanzas en sus lenguas respectivas (naturalmente, los comunistas podrán organizarlas en esperanto o en ruso); pero en este caso, el Estado mantendrá también en dichas regiones las instituciones de enseñanza de todos los grados en el idioma oficial de la nación.» En este caso, y en cualquier caso, «mantendrá». La cosa está bien clara; no tiene más que seguir manteniendo.

Hoy hay en Barcelona una Universidad de España, y este es el punto fuerte; Universidad de que no puede ni debe desprenderse el Estado español en absoluto; que no debe caer bajo el control de ningún otro Poder que el del Estado español, ni compartirlo. Porque aquí, de lo que se trata en el fondo es de apoderarse de esa Universidad. ¡Cuidado!, que yo temo más aún que a la autonomía regional a la autonomía universitaria. Llevo cuarenta años de profesor, sé lo que serían la mayor parte de nuestras Universidades si se dejara una plena autonomía y cómo se convertirían en cotos cerrados para cerrar el paso a los forasteros. Alguien me decía: ¿Es que se va a sostener allí una Universidad con el dinero de Cataluña? No, con el dinero de toda España, naturalmente, incluso Cataluña; como se mantienen las Universidades del resto de España, y con el dinero de Cataluña.

Además, yo que no entiendo mucho, ni quiero entender, de ciertas distinciones jurídicas, veo que hay una cosa, que nunca comprendo bien, cuando se habla de catalanes y no catalanes. Para mí todo ciudadano español radicado en Cataluña, donde trabaja, donde vive, donde cría su familia, es no sólo ciudadano español, sino ciudadano catalán, tan catalanes como los otros. No hay dos ciudadanías, no puede haber dos ciudadanías.

Por lo demás, y quiero abreviar, por encima de esta Constitución de papel está la realidad tajante y sangrante. Se quiere evitar con esto cierta guerra civil (claro; no una guerra civil cruenta a tiros y palos, no): me parece que va a ser muy difícil, y además no lo deploro. Me he criado, desde muy niño, en medio de una guerra civil y no estoy muy lejano de aquello que decía el viejo Romero Alpuente de que la guerra civil es un don del cielo. Hay ciertas guerras civiles que son las que hacen la verdadera unidad de los pueblos. Antes de ella, una unidad ficticia; después es cuando viene la unidad verdadera. Y ¿qué más da que hagamos la guerra civil? Cualquier cosa que hagamos estará siempre en revisión; la revisión es una cosa continua; los períodos constituyentes no acaban nunca; es una locura creer que porque pongamos una cosa en el papel, va a quedar ya hecha. Además, ¡hay tantas cosas que no quieren decir nada, que no tienen eficacia ninguna!

Y como alguien más podrá manifestar algo (puede ser que yo tenga ocasión de añadir algo también), digo que no veo peligro, como se me ha dicho, en tomar ciertas actitudes. Me han dicho que hay peligros para la República. No sé; no veo que los haya. Parece la República muy timorata; cree que es hasta un acto de agresión hacer la apología del régimen monárquico. A mí me parece esto una inocentada; pero, en fin, yo no veo esos peligros y, en último caso, si los viera, creo que hay que atajarlos; mas, también, como he dicho muchas veces, creo que aquí hay algo por encima de la República. (Aplausos.)

El Sr. Ruiz Funes (de la Comisión): Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S.S.

El Sr. Ruiz Funes:
La Comisión ha aceptado la enmienda del señor Sánchez Albornoz, por mayoría de votos, porque entiende que en esa enmienda resultan coincidentes la mayor parte de los criterios de los grupos o sectores de la Cámara, en su deseo de resolver este problema con el máximo de acierto posible.

Aceptada la enmienda del Sr. Sánchez Albornoz, la Comisión hace, por mi boca, la declaración dolorosísima, porque le consta al maestro Unamuno que todos y cada uno de los miembros de la Comisión tienen para el ilustre profesor una veneración especial, de que no puede admitir su enmienda por haber sido aceptada ya la del Sr. Sánchez Albornoz, que no coincide exactamente con la del Sr. Unamuno, aunque sí tiene con ella algún punto de contacto.

El Sr. Presidente:
Antes de proceder a la votación, si el Sr. Maura desea usar de la palabra, puede hacerlo.

El Sr. Maura:
Porque atribuyo a lo que ahora se está discutiendo la máxima importancia, dentro del tema constitucional, me levanto, no sólo a explicar el voto, aunque sea ese el trámite reglamentario, sino a hacer un llamamiento a la conciencia de la Cámara y a pedir, si ello es posible, que se definan, de una vez, las actitudes de cada cual en este problema de la enseñanza de Cataluña. (Muy bien.)

Y vamos a colocar el problema en su verdadero lugar, porque yo, Sr. Sánchez Albornoz, teniendo por S.S. el máximo respeto, he de decirle que toda la disertación de S.S. en esta tarde ha flotado en el vacío. Porque el problema no es ése; no es el problema de la Lengua; es un problema mucho más vivo. (El Sr. Sánchez Albornoz pide la palabra) Luego la pedirá S.S. con más razón, después de que oiga todos mis razonamientos. (Risas y rumores.)

El problema es éste: frente a las regiones autónomas, ¿cuál va a ser la actitud del Estado en materia de enseñanza? Pues hay tres posturas: una, la inhibición total; otra, la de hacer compatible la enseñanza del Estado con la enseñanza de las regiones en unos mismos Institutos y Universidades, y otra, la de que el Estado diga a las regiones autónomas: «Yo estoy donde estoy y no me voy, porque cumplo una obligación elemental (Muy bien), y tú, región autónoma, si quieres montar tu Universidad, te autorizo a ello y te doy la facultad para que colaciones los grados; pero yo no me voy.» (Muy bien.) Esta es la postura que este Diputado considera más adecuada. Pero eso, Sr. Sánchez. Albornoz, con carácter obligatorio. ¿Por qué? Pues la razón es clara: porque el Estado que deserte de esa misión fundamental, fundamentalísima, que supone nada menos que formar las conciencias de las generaciones en los Institutos y en las Universidades, entrega a estos señores, o a quien sea, el porvenir entero de una región, del alma de una región, que es mucho más que el de la economía y que el de todas las esencias de la vida de la región. Y un Estado que hace eso se suicida. (Muy bien.) Y yo digo que el Estado español y las Cortes Constituyentes españolas, al votar hoy la enmienda con el «podrá», lo que harán será facultar, a través de cubileteos y de enredos, como los que estamos presenciando a diario... (Aplausos que impiden oir el final del párrafo.) Esta minoría (señalando a la de izquierda catalana) arranca al Gobierno el desistimiento de la enseñanza allí y hace que no pueda volver jamás el Estado a establecer, con pleno derecho, la enseñanza en Cataluña. Tiene una gravedad inmensa lo que se está discutiendo hoy.

Pero, además, Sres. Diputados, en la enmienda nuestra, en la propuesta nuestra, ¿dónde está el agravio para Cataluña? ¿Qué queréis? ¿La autonomía? La tenéis absoluta. Cread otras Universidades, dadles la colación de grados. ¿En qué os daña, en qué os perjudica que el Estado esté allí presente, cuidando de la enseñanza, de la cultura castellanas, que tiene la obligación de defender? ¿En qué os perjudica eso? Hablad sinceramente. ¿Hay algo que os perjudique en eso? ¡Ah! Pues si hay algo, lo que quiere decir es que pretendéis imponer en la Universidad vuestra el espíritu vuestro, con exclusión del espíritu castellano, a las generaciones de Cataluña. Y frente a eso estaremos todos como un sólo hombre. Pero, además, señores, tenemos la experiencia. ¿Pero es que no ha habido en Barcelona un Instituto de Estudios catalanes? ¿No ha funcionado ese Instituto durante años? ¿Y qué ha salido de ese Instituto? (Un Sr. Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Muchas obras en castellano, ya lo sé; pero allí se ha forjado toda esa pléyade de separatistas que son hoy la flor y nata de la juventud separatista de Cataluña.

Está bien; que sigan haciéndolo si quieren; pero el castellano que vive en Cataluña, ¿No tiene derecho a que el Estado cumpla con su obligación de darle el asilo intelectual y de formarle su espíritu en castellano con la Ciencia castellana? (Un Sr. Diputado: Y la catalana.) Y la catalana para los catalanes. (Rumores.) Se decía ayer: es que nosotros enseñaremos también la cultura castellana ¡Pues no faltaba más que se negaran a enseñar la cultura castellana! Y si no enseñaban eso, ¿qué iban a enseñar? (Risas y rumores.) ¡Ya lo creo! Pero hay muchos modos de enseñar una cultura. La cultura castellana no consiste sólo en enseñar la historia de la literatura o la historia patria, no; hay muchos modos de imbuir en el espíritu de las gentes, de los muchachos, de los alumnos, el fondo de la cultura. Y eso es lo que yo temo, y por eso es por lo que el Estado no puede ni debe pasar.

Y ahora, para ser breve, vamos a aclarar la situación parlamentaria. Señor Guerra del Río y señores de la minoría radical: ¿Qué ha pasado de ayer a hoy para que, levantándose S.S. cuando se discutía el voto del Sr. Iglesias, dijese que no lo votaban porque había una enmienda socialista que iban a votar SS.SS. por estar con ella conformes? (El señor Guerra del Río pide la palabra.) Que venga el Diario de Sesiones de ayer, a ver si no digo cosa cierta. (Rumores.-El Sr. Guerra del Río: Pregunte S.S. a la minoría socialista por qué no votó ayer la enmienda de la minoría radical -Nuevos rumores y algunas protestas en la minoría socialista.-El Sr. De Francisco: La minoría socialista ha explicado su actitud a la faz de todo el mundo. -Nuevos y prolongados rumores.)

Lo que yo deseo, no es causar una perturbación política; lo que yo deseo es ver si en este problema, de una gravedad tal que lo considero el más grave de todos dentro del problema constitucional, hay modo de aclarar actitudes y de que no prevalezcan aquí conciliábulos de fuera. Lo menos a que tenemos derecho los Diputados y el país es a saber dónde está cada cual en un problema de esta naturaleza. (Muy bien, muy bien. El Sr. Ortega y Gasset (D. Eduardo) pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Qué dice S.S.? (El Sr. Ortega y Gasset (D. Eduardo): Que el diablo, harto de pasteles, se metió a fraile.) ¿Por quién dice eso S.S.? (El Sr. Ortga y Gasset (D. Eduardo): Por los muchos pasteles que ha hecho S.S. Rumores.) ¿Yo? ¿Con quién? ¿No será con S.S.? (Risas y aplausos.)

Yo lo que digo es que en la tarde de ayer la minoría radical, por boca del Sr. Guerra del Río, manifestó que estaba en esencia conforme con el espíritu de la enmienda del Sr. Iglesias. (Rumores.- El Sr. Guerra del Río: Fué al revés.) Y que, salvando la parte personal que el señor Iglesias había puesto en su discurso, no votaba con él porque al día siguiente se iba a votar la enmienda de los socialistas. (Denegaciones en las minorías radical y socialista.) ¿No es eso? (El Sr. Guerra del Río: Todo lo contrario.) Bien.

Señores radicales: ¿Podéis decir...? (El Sr. Guerra del Río: Interrogatorios, no. Ya contestaremos; pero aquí no admitimos interrogatorios. Grandes rumores.) Tienen SS.SS. que escucharme. (El Sr. Guerra del Rio: No admitimos ese tono, ni a S.S. ni a nadie; eso al Sr. Pildain, cuando estaba aquí; a nosotros, no. -Nuevos rumores y protestas.)

Si eso no es así, quedará claro que planteado el pleito en esa forma, que es la única en que se puede plantear, porque ese es el fondo del pleito, votarán en contra de la enmienda del Sr. Unamuno todos los que piensen que es indiferente para el Estado tener o no tener su enseñanza propia en Cataluña. (Rumores y protestas. El Sr. Presidente del Gobierno: Eso es un sofisma, Sr. Maura. Pido la palabra. -Grandes rumores.)

Señor Presidente del Consejo, quiero anticiparme a la observación o a la réplica que S.S. ha de hacerme. Seguramente me va a decir que, desde el momento en que en el precepto constitucional se dice que el Estado «podrá tener», es facultad del Estado, en todo instante, tener o no la enseñanza allí, los organismos allí y, por consiguiente, que el Estado, cuando lo considere preciso, asistirá a la enseñanza en Cataluña y en las demás regiones estableciendo sus órganos de enseñanza. Pues bien; yo a eso contesto, por anticipado, a S.S. con este sencillo argumento: el Estado hoy está emplazado en Cataluña, su enseñanza instalada. Y el problema que se plantea es éste, que cuando haya un Gobierno lo suficientemente débil y para que la presión de los señores catalanes sea bastante eficaz a fin de que el Estado les ceda las Universidades allí existentes, a partir de ese momento el Estado tendrá necesidad de entrar por la fuerza, ¡por la fuerza!, y volver a instalar allí la Universidad. Y quien no conozca eso, no conoce la realidad. (El señor Presidente del Gobierno: ¡Con la Guardia civil!) Ni con la Guardia civil. (Grandes rumores. -Muchos Sres. Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Si yo no pretendo convencer a nadie. Me he levantado a salvar mi responsabilidad, y lo he hecho. (El Sr. Hurtado pronuncia palabras que tampoco se perciben.) Aguarde S.S. Repito que me he levantado a salvar mi responsabilidad y decir que, si se vota y subsiste eso, la inmediata, después de votada la Constitución y arrancado eso con el Estatuto, será que la actual Universidad española en Barcelona pasará a manos de los catalanes; y esa responsabilidad, hoy, en el Diario de Sesiones, quiero dejarla a salvo, concretamente, para ahora y para lo sucesivo. Lo demás no es de mi incumbencia; es de la vuestra, señores de los partidos. (El Sr. Pittaluga: Pido la palabra para una aclaracion de voto.)

El Sr. Presidente del Gobierno (Azaña): Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S.S.

El Sr. Presidente del Gobierno (Azaña):
Tenía la intención de no intervenir en esta discusión, no ciertamente porque fuera mi propósito escudarme en un prudente silencio para eludir una declaración de actitud o de pensamiento político en la materia, como parece que suponía el señor Maura cuando requería a todos, en general, a una definición clara de actitudes. No. No pensaba intervenir, en primer término, porque mi posición en este problema es conocidísima, notoria y antigua; segundo, porque la enmienda que se discute va encabezada por mi correligionario el Sr. Sánchez Albornoz y está aceptada por todo el partido de Acción Republicana, y, tercero, porque, ocupando yo este puesto, la más elemental prudencia me aconsejaba mantenerme un poco apartado del debate, a fin de que no pareciese que yo trataba de ejercer alguna presión o coacción sobre los correligionarios que contienden en este asunto. Pero la actitud del Sr. Maura me obliga, bien a mi pesar, a decir cuatro palabras que pongan la cuestión en sus verdaderos términos.

El Sr. Maura está satisfecho, seguramente, de lo que acaba de hacer. El Sr. Maura ha levantado una bandera, y es natural. El Sr. Maura acaba de salir del Gobierno, tiene plena libertad para sus movimientos políticos, es un fogoso temperamento de propagandista y necesita inmediatamente -yo lo comprendo- una plataforma sobre la cual luchar. (Grandes y prolongado rumores. -El Sr. Maura hace gestos negativos y, como otros Sres. Diputados, pronuncia palabras que no se perciben.) Yo le digo al Sr. Maura que, no obstante ser libre cada cual en la elección de los términos políticos en que se plantean las cuestiones del gobierno de España, me parece un error que un hombre de la autoridad de S.S. haya tomado parte en esta cuestión en nombre del españolismo. (El Sr. Maura hace signos de extrañeza.) Lo acaba de decir S.S... (El Sr. Maura: No.) Ha empleado S.S. estas palabras... (El Sr. Maura: ¿Me perdona S.S.?) en nombre del españolismo. Y yo digo; Sr. Maura, que el error más grave, si no se tratara de S.S. diría que la pifia más grave (Rumores), que se puede cometer en esta materia, es contraponer el criterio de S.S., en nombre del españolismo, al criterio de los Diputados catalanes o de los partidarios de las autonomías o de los demás partidos políticos que tienen un criterio opuesto a S.S., pero que no dejan de ser españoles ni españolistas por ser autonomistas y catalanes. (Muy bien.)

Este es el error fundamental. Su señoría es muy dueño de apreciar la situación como le plazca, pero ni S.S ni nadie tiene derecho a decir que es más españolista que los demás si éstos no compartén el criterio que su señoría acaba de defender.

Es demasiado seria la cuestión, Sres. Diputados, para llevarla a términos de pasión y de efecto político parlamentario inmediato.

¿Quién da al Sr. Maura el derecho a decir que los que voten en un determinado sentido son indiferentes a que el Estado mantenga o no en Cataluña la enseñanza? Pero ¿de cuándo acá tiene S.S el derecho de interpretar por anticipado el voto de los partidos? (El Sr. Maura: El texto de la ley.) El texto de la ley no es el que ha dado S.S. Su señoría ha dicho que el que vote en contra de la enmienda que acaba de defender el Sr. Unamuno significa que le es indiferente que el Estado tenga o no a su cargo la enseñanza en Cataluña, y éste es un derecho que S.S. se toma, pero que nadie le ha concedido. (Rumores.)

Lo que tengo que decir a las Cortes, y lo digo como hombre de partido y como Diputado que va a votar en favor de la enmienda, hoy dictamen, a causa de haber sido aceptada por la Comisión, es esto: nosotros hemos hecho una revolución, o la ha hecho quien fuere; hemos traído la República, o la ha traído quien fuere, y una de las cosas que tiene que hacer la República es resolver el problema de Cataluña, y si no lo resolvemos, la República habrá fracasado, aunque viva cien años (Rumores), y la única manera de resolver el problema de Cataluña es resolverlo en sentido liberal, haciendo honor a las propagandas, a las promesas y a los programas de los partidos, publicados en todas partes y suscritos, en lo que se refiere al problema de Cataluña, por el propio Sr. Maura. (Muy bien en la minoría de izquierda catalana y en algún otro banco.) Y en todo el problema catalán no hay nada más sensible, nada más doloroso, nada más irritante, a veces, que la cuestión de las Lenguas.

¿Cómo es posible, Sr. Maura, que nosotros, en esta situación, al discutirse la Constitución, vayamos a adoptar un texto constitucional que haga imposible el día de mañana la votación libre del Estatuto de Cataluña, o del de otra región cualquiera, prejuzgando una cuestión que debe resolverse en su esencia al votarse esos Estatutos y no la Constitución? ¿ Qué hemos hecho nosotros en estas Cortes cada vez que el texto constitucional ha rozado de cerca o de lejos el problema de las autonomías, sino adoptar un texto constitucional que no prejuzgue la cuestión, que deje íntegramente su resolución al porvenir, con el fin de que al llegar la discusión de los Estatutos catalán, vasco o gallego, las Cortes, con plena soberanía, con plena autoridad, puedan aprobarlos o rechazarlos en todo o en parte? Lo que no se puede hacer desde ahora es cerrar los caminos, disgustando a los que hemos venido aquí con el mejor deseo de dar a este problema una solución armónica y constitucional que permita vivir a Cataluña en paz con toda España.

Este es mi criterio y ésta estimo que es la verdadera cuestión, señores Diputados; de ninguna manera creo procedente lanzarse a fondo sobre el problema de si el Estado debe tener estas o las otras atribuciones respecto a la enseñanza en Cataluña, en Vasconia o en Galicia. ¿Que es este el problema parlamentario actual, Sr. Maura? No; el problema parlamentario actual consiste en votar un texto constitucional que, reservando íntegramente todas las facultades del Estado en el porvenir, reserve también todas las posibilidades del Estado para cuando las Cortes lo quieran votar.

No es otro el problema y tomarlo en otro sentido, aunque la contraposición sea leal, sincera y noble, es muy mal sistema, Sr. Maura, y puede llevarnos a situaciones inextricables que, desde este sitio aconsejaría a su señoría que no las provocase.

Por lo tanto, Sres. Diputados, yo no voy a hacer una defensa de la enmienda del Sr. Sánchez Albornoz, aceptada por la mayoría de la Comisión, pero puesto que el Sr. Maura decía que había que fijar actitudes, yo fijo públicamente la mía, voy a votar el texto de la Comisión, y lo voy a votar por esa razón, porque deja libre el camino del Estatuto, porque no prejuzga el Estatuto y porque, habiéndolo aceptado los Diputados catalanes, de cuya vigilancia por el porvenir de sus aspiraciones no creo que pueda caber ninguna duda, y teniendo nosotros, hombres de partido, la convicción de que no se roza para nada ni se mete para nada con el porvenir de las atribuciones del Estado, estamos en el deber de transigir así y proponer a nuestros amigos y correligionarios que voten la enmienda tal como la ha aceptado la Comisión.

Me parece que la situación es bien clara, Sr. Maura. ¿Qué tiene que ver con un problema de la gravedad de éste lo que dijo ayer el partido radical o lo que dijo ayer el partido socialista? ¿Es que el partido radical ayer no defendía legítimamente una posición histórica suya? ¿Es que no se votó? ¿Es que no quedó denotada la posición del partido radical? ¿Es que un partido, el partido radical, una vez que pierde una votación no puede ya volver a moverse más en los debates parlamentarios, no puede adoptar otra posición dejando a salvo su criterio y el ideario de su partido? ¿Es posible, Sr. Maura, que S.S., que conoce las responsabilidades del Gobierno, ahora que se ve libre de ellas, pueda en un ímpetu oratorio magnífico como suyo y prenda de su magnífico temperamento político y parlamentado, crear una situación parlamentaria difícil? Sr. Maura, hay responsabilidades, colaboraciones, que no se rompen en veinticuatro horas, y S.S. no puede ahora venir a decirnos que él no participa en cabildeos, en secretos y en cambalaches. ¿Cuándo no han ocurrido estos cabildeos, secreteos y cambalaches? ¿Es que es alguna cosa punible, vergonzosa, deshonrosa, que los Diputados y los partidos, enfrentándose en el salón de sesiones por criterios opuestos, se reúnan, expongan en común sus ideas, razonen alrededor de una mesa, digan familiarmente los argumentos o los motivos o los hechos que quizá no caben en los términos de un discurso y lleguen a un convencimiento común, a un texto aceptable para todos, transigiendo todos? ¿Es que esto es lo que se llama con tono despectivo un cabildeo, cambalache o cosa por el estilo? Pero Sr. Maura, ¿cuántas veces en nuestra accidental etapa de Gobierno no hemos hecho S.S. y yo lo mismo en otras cuestiones? ¿Pues no ha ido S.S. al despacho de Ministros a preguntarme qué es lo que íbamos a hacer, y yo se lo he dicho? ¿Está feo? No. Pues si no lo está, ¿por qué nos censura S.S.? (El Sr. Maura: Ya lo explicaré.) Yo, Sres. Diputados, dicho esto, y dando a esta réplica del Sr. Maura, que, naturalmente, he tenido que poner en el tono de viveza que él ha dado a su intervención, cosa que me cuesta poco trabajo, porque seis meses de convivencia con el Sr. Maura me han hecho familiarizarme con su timbre de voz y su tono, rogaría a las Cortes que apreciasen el problema tal como es, que no se trata ahora de resolver para siempre si el Estado va a tener la enseñanza de Cataluña, si el Estado va a tener esta o la otra función, que se reserva íntegra la posibilidad del Estado en Cataluña, que este problema se plantea para el Estatuto, que hay que dejar paso al Estatuto y que no hay derecho a contraponer nunca la vigilancia, el cuidado y el amor a la cultura castellana con la vigilancia, el cuidado y el amor a la cultura catalana.

No puedo admitir eso porque la cultura catalana y la cultura castellana son la cultura española (Muy bien), y cada una de ellas forma su parte alícuota en la cultura de mi patria y es absurdo sembrar la discordia, crear un resquemor injustificado cuando a la noble ambición de aquellos hombres que traen de su país una aspiración, un lenguaje y una ambición legítimas se les pone, como valladar, el respeto a la cultura castellana, que nada tiene que temer de ninguna otra cultura nacional, puesto que forma parte, como todas las otras, de la cultura española. Sr. Maura, no hablemos a los catalanes en tono de oposición de la cultura castellana. Tan española es la suya como la nuestra y juntos formamos el país y la República.

¿Vamos a olvidar la colaboración de los Diputados republicanos catalanes en la instauración de la República? ¿Es posible, Sr. Maura, que su señoría se vuelva a esos hombres, como acaba de hacerlo, y prevea para el porvenir presiones, gestiones sobre supuestos Gobiernos chiles que van a abandonar en manos de los grupos políticos catalanes no sé qué parte esencial del Estado? Pero ¿en qué manos cree S.S. que va a caer el Gobierno de España, o qué clase de hombres cree S.S. que son esos Diputados catalanes? Pues qué, ¿no sabe S.S. que actualmente la República en Cataluña no tiene mejor apoyo, ni tiene mejor escudo, ni tiene mejores paladines que todos esos Diputados y los partidos que ellos representan? ¿O es que cree S.S. que el escudo de la República en Cataluña está en el nacionalismo de la extrema derecha o en los sindicatos revolucionarios?

Esos hombres, esos Diputados, para nosotros representan un sentido de libertad republicana y un sentido de autonomía que coincide exactamente con los programas, con las ideas y con los propósitos de nuestro partido republicano, que responde exactamente al ideario, de la revolución y de la República, y se comprometerían las promesas, las obligaciones y el porvenir de la República, si ahora, por un movimiento pasional, por un patriotismo que no puede ser mayor ni menor en unos que en otros, les defraudásemos, presentándonos como enemigos de las reivindicaciones de Cataluña. (Grandes aplausos.)

El Sr. Maura: Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S. S.

El Sr. Maura:
Si S.S., Sr. Presidente del Consejo, está tan habituado, como dice, al tono mayor que por lo visto, yo acostumbro a emplear en las conversaciones, voy a hablarle en tono menor; pero en ese tono voy a decir a S.S., que es indigno de S.S., indigno de mi e indigno de la Cámara que haya empezado S.S. por suponer que yo he venido aquí a buscar una bandera. (El Sr. Presidente del Consejo: A buscarla, no; a enarbolarla.) A enarbolarla, a levantarla. Pues peor. Y S.S., que me conoce, según dice, hace seis meses (algo más hace), ¿me considera capaz de enarbolar una bandera de esa naturaleza que, una vez votado el artículo, se esfuma? Pues ¡divertido estaría yo si no tuviera otra bandera que enarbolar en la República! Pero el solo hecho de que S.S. me haya supuesto capaz de eso, me basta para relevarme de muchos compromisos en lo sucesivo.

Y ahora vamos al fondo del asunto.

Españolista me ha llamado S.S. Indudablemente, S.S. tiene una habilidad dialéctica extraordinaria; pero no se atiene a la realidad, porque yo no he hablado en nombre del españolismo, sino en nombre de la autonomía más perfecta y acabada, que es como han hablado los señores de la minoría socialista.

¿Qué otra cosa significa, Sr. Azaña, decirles a las regiones autónomas: «Tenéis plena libertad, tenéis absoluta libertad para instalar vuestras Universidades y vuestros centros docentes, todo lo que queráis, y además, el Estado os da incluso la facultad de colación de grados, en lo cual podéis ser soberanos, si es que se puede aceptar esta palabra, para practicar la enseñanza libremente en vuestra región; pero respetad el derecho del Estado a practicarla también para los que quieran cultivarla dentro de las Universidades castellanas o de las Universidades españolas»?

¿Es eso ser españolista? ¿Es eso levantar la bandera españolista? No, Sr. Azaña; eso -permítame S.S. que se lo diga- es discutir con no muy buena fe. Yo he defendido un punto de vista perfectamente liberal y autonómico, y no hay nadie que pueda decir que en la enmienda del partido socialista o en la enmienda del Sr. Unamuno haya ni tanto así que vaya contra el principio de la autonomía regional.

Afirma S.S. que todo queda reducido a posponer la cuestión para cuando se discuta el Estatuto. Pero, Sr. Azaña, yo supongo que por mucho que sea el Estatuto y por muy avanzado que sea el Estatuto, no llegará nunca a impedir que el Estado mantenga en su Constitución fundamental un derecho elementalísimo y además sagrado y una obligación ineludible; supongo que a eso no llegará ningún Estatuto, porque entonces sobraría que nosotros aprobáramos ahora esta Constitución. Por consiguiente, lo que nosotros pedimos es que esta obligación sagrada del Estado no quede pendiente de un «podrá», sino sencillamente precisada y fijada de un modo definitivo, y queda libre, absolutamente libre para el Estatuto el si han de tener Universidades y la forma en que van a ejercitar ese derecho las regiones; de modo que tampoco es ese argumento que se pueda mantener.

Y por último, Sr. Azaña, yo desearía que cuando se quiera sacar adelante eso que llamaba el Sr. Sánchez Albornoz fórmula, no enmienda, fórmula, porque, en efecto, lo es, no se saque el tropo de la Lengua, porque prácticamente, Sr. Azaña, nadie discute la Lengua, ni a nadie se le ha ocurrido pretender que estos señores (Señalando a la minoría catalana) dejen de enseñar el catalán. Ayer decía el Sr. Xiráu con gran acierto que el problema de la Lengua no es problema, porque la práctica lo resuelve por sí sola; cuando un maestro se encuentra con alumnos castellanos, los enseña en castellano, y con alumnos catalanes, en catalán; eso es natural y en eso no hay problemas; pero no se apele al tropo fácil de hacer cantos a la cultura ni a la Lengua catalana, porque eso es muy sencillo, pero no tiene que ver con el asunto (El Sr. Presidente del Gobierno: Yo no he cantado.> No ha cantado S.S. porque no ha llegado el caso; pero ha recitado y recitado muy bien. Y en cuanto a la cultura castellana, no he sido yo quien ha hablado de eso, porque ayer desde esos bancos no se ha hablado de otra cosa sino de la cultura castellana y de la cultura catalana. (El Sr. Presidente del Gobierno: Y tiene razón.) Y S.S. también, porque es verdad que todo eso es cultura española; pero cuando yo he hablado de cultura castellana, he hablado contestando a las consideraciones que ayer se hicieron con motivo de la cultura catalana y de la Lengua catalana; no ha sido invención mía; también eso es muy fácil; pero no me siento con vocación para entonar un canto a la cultura española. Y nada más.

El Sr. Sánchez Albornoz: Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S.S.

El Sr. Sánchez Albornoz:
La Cámara comprenderá la situación desigual en que me encuentro para contender con parlamentado de palabra tan ágil y de intención tan aguda como el Sr. Maura; pero no puedo menos de levantarme a rectificar algunas de sus afirmaciones, porque si yo, según él, he estado moviéndome sobre el vacío, el Sr. Maura ha estado combatiendo fantasmas. Con un dramatismo extraordinario ha hablado aquí de que vamos a entregar el alma de Cataluña al catalanismo, de que no habíamos tenido en cuenta la enseñanza del castellano, la enseñanza del Estado español en Cataluña.

Y yo voy a replicar muy brevemente, quizá en menos de cinco minutos. El Sr. Maura no sabe que las palabras de la Constitución «mantendrá», fueron llevadas al dictamen precisamente por iniciativa mía y por boca del representante de Acción Republicana; pero me he convencido después de que inferíamos un daño a España si nosotros nos empeñáramos en mantener la enseñanza del Estado, si las regiones atienden a esa necesidad de las gentes de habla castellana, en Cataluña, en. Vaconia y en todas partes. Porque yo no puedo olvidar, Sr. Maura, el caso de un gran pueblo, Austria, que encontrándose con problemas que no eran iguales, pero sí parecidos, acudió a la forma que proponen el Sr. Maura y algunos otros Sres. Diputados en esta Cámara.

En Praga funcionaba una Universidad alemana al lado de la Universidad checa; en las tierras polacas de Austria funcionaba una Universidad alemana al lado de la Universidad polaca; en las regiones servias de la monarquía austríaca ocurría otro tanto; y yo quiero llamar la atención de la Cámara para que contemple el resultado que ese antagonismo entre dos Universidades, entre dos culturas, entre dos pueblos, ha dado al cabo de muy poco tiempo. Pensad un momento en que no ha servido para nada en orden al mantenimiento de la unidad del Estado austríaco el mantenimiento en esos pueblos de dos Universidades: alemana y checa; alemana y polaca; alemana y servia, puesto que al cabo de muy poco tiempo Checoeslovaquia era una país independiente, Polonia recobraba su libertad y Yugoslavia constituye un Estado nuevo.

Yo no quiero contribuir con mi voto a que nosotros ahondemos las diferencias que puedan existir entre España o el resto de España y Cataluña; no quiero que el día de mañana pueda ocurrir, por haber nosotros atizado la llama de la contienda, algo parecido a lo que ha ocurrido en el Imperio austriaco y nos encontremos con un fraccionamiento semejante, que no sólo no ha evitado, sino que ha contribuido a crear ese antagonismo de Universidades, de culturas, de centros encontrados.

Y yo quiero también llamar la atención del Sr. Maura y de la Cámara, que precisamente el poner trabas a la expansión de la enseñanza catalana, la contraposición violenta entre las dos lenguas, practicada de modo cruel por la Dictadura, nos ha traído al estado presente; precisamente si hace veinte años hubiera habido en el banco del Gobierno gentes capaces de comprender el problema catalán, no estaríamos nosotros discutiendo hoy alrededor de esta cuestión, en una situación que puede ser muy grave si no dejamos la pasión a un lado y si no habla la reflexión, el entendimiento y el deseo de concordia. (Aplausos.)

El Sr. Presidente: El Sr. Guerra del Río tiene la palabra.

El Sr. Guerra del Rio:
Sres. Diputados y Sr. Maura, sólo hago uso de la palabra ante el requerimiento de S.S. y decidido a no seguirle en el tono que ha empleado, sino a contestarle con el mayor comedimiento y limitándome a restablecer la verdad, que el Sr. Maura olvidó o fue mal informado respecto a ella.

En el día de ayer la minoría radical sostuvo y votó, por acuerdo suyo, un voto particular de esta minoría, en el cual se decía: «Es obligatoria la enseñanza en castellano en todas las escuelas primarias de España. En los casos en que las regiones autónomas organicen la enseñanza en sus lenguas respectivas, el Estado mantendrá en aquéllas Centros de instrucción de todos los grados en la lengua oficial de la República.»

Este voto particular, que condensaba el criterio del partido radical, fue desechado por la Cámara por 192 votos contra 78. De esos 78 votos, ponga S.S. todo el margen más amplio que quiera, y son votos radicales y federales; en los 192 votos en contra puede contar todos los Diputados socialistas que se encontraban presentes. Terminada la votación y derrotado nuestro criterio y desechado por la Cámara el voto particular, fue el Sr. Cordero, no yo, que, aunque manso, no soy cordero, ni me llamo Cordero (El Sr. De la Villa: Ni manso es tampoco S.S.), fue el Sr. Cordero el que se levantó a decir que la minoría socialista presentaría hoy esa enmienda a que se refería S.S. En ello el partido radical no intervino para nada; defendió su criterio, le votó y fue derrotado.

En el día de hoy, ¿qué hará la minoría radical? Lo lógico, lo que nos imponen nuestras convicciones: ir buscando en las enmiendas, en las proposiciones, en las fórmulas que presenten los demás partidos la que más se acerque a la nuestra; pero escogiéndola nosotros, sin necesidad de que sea el Sr. Maura quien nos la indique. Es lo menos a que creemos que tenemos derecho; seremos nosotros los que escojamos, una vez desechado nuestro criterio, el que más se acerque al nuestro. Entonces, señor Maura, ¿a qué viene el requerimiento a la minoría radical y a Guerra del Río, cuando hemos actuado con una actitud tan clara, tan franca, como la que expresé ayer en la Cámara, y que está avalada por el voto de toda la minoría radical?.

Con esto hemos terminado. El Sr. Maura, seguramente, y con ello no demostró más que sus relaciones antiguas con esta minoría, tiene todavía en el oído las reiteradas palabras de los radicales, mientras él se sentaba en el banco azul, que en otra ocasión decíamos: «Lo que se diga desde ahí (Señalando al banco azul), eso vota la minoría radical.» Nosotros no hemos cambiado, Sr. Maura, y seguimos diciendo lo que el primer día: «Lo que se diga desde ahí (Señalando nueva mente al banco azul), eso vota la minoría radical.» Si el Sr. Maura ha cambiado de sitio, la culpa no es nuestra. (Aplausos.)

España ha dejado de ser católica

Manuel Azaña
14 de octubre de 1931
El Sol


El Sr. Ministro de la Guerra (Azaña): Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene S.S.

El Sr. Ministro de la Guerra:

Señores, Diputados: Se me permitirá que diga unas cuantas palabras acerca de esta cuestión que hoy nos apasiona, con el propósito, dentro de la brevedad de que o sea capaz, de buscar para las conclusiones del debate lo más eficaz y lo más útil. De todas maneras, creo que yo no habría podido excusarme de tomar parte en esta discusión, aunque no hubiese sido más que para desvanecer un equívoco lamentable que se desenvuelve en torno de la enmienda formulada por el Sr. Ramos, y que algunos grupos políticos de las Cortes acogieran. Esta enmienda, merced a la perdigonada que le disparó el Sr. Ministro de Justicia en su discurso de la otra tarde, lleva, desde antes de ser puesta a discusión, un plomo en el ala, y ahora, habiendo modificado la Comisión su dictamen, la enmienda del Sr. Ramos ha perdido cierta congruencia con el texto que está sometido a deliberación. No me referiré, pues, al fondo de ella por no faltar a las reglas de la oportunidad,; pero, de todos modos, para llegar a esta indicación, a esta salvedad y a esta eliminación del equívoco, me interesa profundamente examinar los dos textos que se contraponen ante la deliberación de las Cortes: el de la Comisión y el voto particular, buscando más allá del texto legislativo y de su hechura jurídica la profundidad del problema político que dentro de ellos se encierra.

A mí me parece, Sres. Diputados, que nunca nos entenderíamos en esta cuestión si nos empeñásemos en tratarla rigurosamente por su hechura jurídica, si nos empeñásemos en tratarla rigurosamente por su hechura jurídica, si nos empeñásemos en construir un molde legal sin conocer bien a fondo lo que vamos a meter dentro y si perdiésemos el tiempo en discutir las perfecciones o las imperfecciones de molde legal sin estar antes bien seguros de que dentro de él caben todas las realidades políticas españolas que pretendemos someter a su norma.

Realidades vitales de España

Realidades vitales de España; esto es lo que debemos llevar siempre ante los ojos; realidades vitales, que son antes que la ciencia, que la legislación y que el gobierno, y que la ciencia, la legislación y gobierno acometen y tratan para fines diversos y por métodos enteramente distintos. La vida inventa y crea; la ciencia procede por abstracciones, que tienen una aspiración, la del valor universal; pero la legislación es, por lo menos, nacional y temporal, y el gobierno -quiero decir el arte de gobernar- es cotidiano. Nosotros debemos proceder como legisladores y como gobernantes, y hallar la norma legislativa y el método de gobierno que nos permitan resolver las antinomias existentes en la realidad española de hoy; después vendrá la ciencia y nos dirá cómo se llama lo que hemos hecho.

Con la realidad española, que es materia de legislación, ocurre algo semejante a lo que pasa con el lenguaje; el idioma es antes que la gramática y la filología, y los españoles nunca nos hemos quedado mudos a lo largo de nuestra historia, esperando a que vengan a decirnos cuál sea el modo correcto de hablar o cuál es nuestro genio idiomático. Tal sucede con la legislación, en la cual se va plasmando, incorporando, una rica pulpa vital que de continuo se renueva. Pero la legislación, señores diputados, no se hace sólo a impulso de la necesidad y de la voluntad; no es tampoco una obra espontánea; las leyes se hacen teniendo también en presencia y con respeto de principios generales admitidos por la ciencia o consagrados por la tradición jurídica, que en sus más altas concepciones se remonta a lo filosófico y lo metafísico.

Ahora bien: puede suceder, de hecho sucede, ahora mismo está sucediendo, y eso es lo que nos apasiona, que principios tenidos por invulnerables, inspiraciones vigentes durante siglos, a lo mejor se esquilman, se marchitan, se quedan vacíos, se angostan, hasta el punto de que la realidad viviente los hace estallar y los destruye. Entonces hay que tener el valor de reconocerlo así, y sin aguardar a que la ciencia o la tradición se recobren del sobresalto y el estupor y fabriquen principios nuevos, hay que acudir urgentemente al remedio, a la necesidad y poner a prueba nuestra capacidad de inventar, sin preocuparnos demasiado, porque al inventar un poco, les demos una ligera torsión a los principios admitidos como inconcusos. De no ser así, Sres. Diputados, sucedería que el espíritu jurídico, el respeto al derecho y otras entidades y especies inestimables, lejos de servirnos para articular breve y claramente la nueva ley, serían el mayor obstáculo para su reforma y progreso, y en vez de ser garantía de estabilidad en la continuación serían el baluarte irreductible de la obstrucción y del retroceso. Por esta causa, Sres. Diputados, en los pueblos donde se corta el paso a las reformas regulares de la legislación, donde se cierra el camino a la reforma gradual de la ley, donde se desoyen hasta las voces desinteresadas de la gente que cultiva la ciencia social y la ciencia del Derecho, se produce fatalmente, si el pueblo no está muerto, una revolución, que no es ilegal, sino por esencia antilegal, porque viene cabalmente a destruir las leyes que no se ajustan al nuevo estado de la conciencia jurídica. Esta revolución, si es somera, si no pasa de la categoría motinesca, chocará únicamente con las leyes de policía o tal o cual ley orgánica del Estado; pero si la elaboración ha sido profunda, tenaz, duradera y penetrante, entonces se necesita una transformación radical del Estado, en la misma proporción en que se haya producido el desacuerdo entre la ley y el estado de la conciencia pública. Y yo estimo, Sres. Diputados, que la revolución española cuyas leyes estamos haciendo es de este último orden. La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quien lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor la implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República. La República ha rasgado los telones de la antigua España oficial monárquica, que fingía una vida inexistente y ocultaba la verdadera; detrás de aquellos telones se ha fraguado la transformación de la sociedad española, que hoy, gracias a las libertades republicanas, se manifiesta, para sorpresa de algunos y disgustos de no pocos, en la contextura de estas Cortes, en el mandato que creen traer y en los temas que a todos nos apasionan.

España ha dejado de ser católica

Cada una de estas cuestiones, Sres. Diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria, es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español.

Yo no puedo admitir, Sres. Diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la curatela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer.

Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII. Sería una disputa vana ponernos a examinar ahora qué debe España al catolicismo, que suele ser el tema favorito de los historiadores apologistas; yo creo más bien que es el catolicismo quien debe a España, porque una religión no vive en los textos escritos de los Concilios o en los infolios de sus teólogos, sino en el espíritu y en las obras de los pueblos que la abrazan, y el genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como su genio político su derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos. (Muy bien.)

España, creadora de un catolicismo español

España, en el momento del auge de su genio, cuando España era un pueblo creador e inventor, creó un catolicismo a su imagen y semejanza, en el cual, sobre todo, resplandecen los rasgos de su carácter, bien distinto, por cierto, del catolicismo de otros países, del de otras grandes potencias católicas; bien distinto, por ejemplo, del catolicismo francés; y entonces hubo un catolicismo español, por las mismas razones de índole psicológica que crearon una novela y una pintura y un teatro y una moral españoles, en los cuales también se palpa la impregnación de la fe religiosa. Y de tal manera es esto cierto, que ahí está todavía casualmente la Compañía de Jesús creación española, obra de un gran ejemplar de la raza, y que demuestra hasta qué punto el genio del pueblo español ha influido en la orientación del gobierno histórico y político de la Iglesia de Roma. Pero ahora, Sres. Diputados, la situación es exactamente la inversa. Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo dentro del Cristianismo, el cual tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y lo adaptó con más o menos fidelidad y congruencia a la fe cristiana; pero también desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior de la civilización se hace en contra suya y, en España, a pesar de nuestra menguada actividad mental, desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y el guía del pensamiento español. Que haya en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura. (Muy bien.)

Por consiguiente, tengo los mismos motivos para decir que España ha dejado de ser católica que para decir lo contrario de la España antigua. España era católica en el siglo XVI, a pesar de que aquí había muchos y muy importantes disidentes, algunos de los cuales son gloria y esplendor de la literatura castellana, y España ha dejado de ser católica, a pesar de que existan ahora muchos millones de españoles católicos, creyentes. ¿Y podía, el Estado español, podía algún Estado del mundo estar en su organización y en el pensamiento desunido, divorciado, de espaldas, enemigo del sentido general de la civilización, de la situación de su pueblo en el momento actual? No, Sres. Diputados. En este orden de ideas, el Estado se conquista por las alturas, sobre todo si admitimos, como indicaba hace pocos días mi excelente amigo el Sr. Zulueta en su interesante discurso, si admitimos -digo- que lo característico del Estado es la cultura. Los cristianos se apoderaron del Estado imperial romano cuando, desfallecido el espíritu original del mundo antiguo, el Estado romano no tenía otro alimento espiritual que el de la fe cristiana y las disputas de sus filósofos y de sus teólogos. Y eso se hizo sin esperar a que los millones de paganos, que tardaron siglos en convertirse, abrazaran la nueva fe. Cristiano era el Imperio romano, y el modesto labrador hispanoromano de mi tierra todavía sacrificaba a los dioses latinos en los mismos lugares en que ahora se alzan las ermitas de las Vírgenes y de los Cristos. Esto quiere decir que los sedimentos se sobreponen por el aluvión de la Historia, y que un sedimento tarda en desaparecer y soterrarse cuando ya en las alturas se ha evaporado el espíritu religioso que lo lanzó.

La transformación del Estado español

Estas son, Sres. Diputados, las razones que tenemos, por lo menos, modestamente, las que tengo yo, para exigir como un derecho y para colaborar a la exigencia histórica de transformar el Estado español, de acuerdo con esta modalidad mueva del espíritu nacional. Y esto lo haremos con franqueza, con lealtad, sin declaración de guerra; antes al contrario, como una oferta, como una proposición de reajuste de la paz. De lo que yo me guardaré muy bien es de considerar si esto le conviene más a la Iglesia que el régimen anterior. ¿Le conviene? ¿No le conviene? Yo lo ignoro; además, no me interesa; a mí lo que me interesa es el Estado soberano y legislador. También me guardaré de dar consejos a nadie sobre su conducta futura, y , sobre todo, personalmente, me guardaré del ridículo de decir que esta actitud nuestra está más conforme con el verdadero espíritu del Evangelio. El uso más desatinado que se puede hacer del Evangelio es aducirlo como texto de argumentos políticos, y la deformación más monstruosa de la figura de Jesús es presentarlo como un propagandista demócrata o como lector de Michelet o de Castelar, o quién sabe si como un precursor de la ley Agraria. No. La experiencia cristiana, Sres. Diputados, es una cosa terrible, y sólo se puede tratar en serio; el que no la conozca que deje el Evangelio en su alacena que no lo lea; pero Renán lo ha dicho: «Los que salen del santuario son más certeros en sus golpes que los que nunca han entrado en él.»

Y yo pregunto, Sres. Diputados, sobre todo a los grupos republicano y socialista, más en comunión de ideas con nosotros: esto que yo digo, estas palabras mías, ¿os suenan a falso? Esta posición mía, la de mi partido, ¿es peligrosa para la República? ¿Creéis vosotros que una política inspirada en lo que acabo de decir, en este concepto del Estado español y de la Historia española, conduciría a la República a alguna angostura donde pudiese ser degollada impunemente por sus enemigos? No lo creéis. Pues yo, con esa garantía, paso ahora a confrontar los textos en discusión.

La enmienda del Sr. Ramos

Nosotros dijimos: separación de Iglesia y del Estado. Es una verdad inconcusa; la inmensa mayoría de las Cortes no la ponen siquiera en discusión. Ahora bien, ¿qué separación? ¿Es que nosotros vamos a dar un tajo en las relaciones del Estado con la iglesia, vamos a quedarnos del lado de acá del tajo y vamos a ignorar lo que pasa en el lado de allá? ¿es que nosotros vamos a desconocer que en España existe la Iglesia católica con sus fieles, con sus jerarcas y con la potestad suprema en el extranjero? En España hay una Iglesia protestante, o varias, no sé, con sus obispos y sus fieles, y el Estado ignora absolutamente la iglesia protestante española. ¿Vosotros concebís que para el Estado la situación de la Iglesia católica española pueda ser mañana lo que es hoy la de la Iglesia protestante? A remediar este vacío vino, con toda su buena voluntad y toda la agudeza de su saber, la enmienda del Sr. Ramos, que momentáneamente fue aceptada por unos cuantos grupos del Parlamento. El propósito de esta enmienda era justamente, como acaba de indicar el Sr. Presidente de la Comisión, sujetar la Iglesia al Estado. Pero esta enmienda ha, por lo visto, perecido, Mi eminente amigo Sr. De los Ríos no debe ignorar que en una Cámara como ésta, tan numerosa, en una cuestión tan de estricto derecho como es esta materia de la Corporación d Derecho público, la mayoría de las opiniones -y no hay ofensa, porque me incluyo entre ellas-, la mayoría de las opiniones tiene que decidirse por el argumento de autoridad, y habiéndose pronunciado en contra una tan grande como la del Ministro de Justicia, esta pobre idea de la Corporación de Derecho público ha caído en el ostracismo. Yo lamento que la Cámara, tan numerosa oyendo al Sr. Ministro, no oyese la contestación, bien aguda, del Sr. Ramos; pero esto ya es inevitable.

Objeciones al discurso de D. Fernando de los Ríos

¿Qué nos queda, pues? En el discurso del Sr. Ministro de Justicia, al llegar a esta cuestión, yo eché de menos algo que me sustituyese a esa garantía jurídica de la situación de la Iglesia en España. Yo no sé si lo recuerdo bien; pero en esta parte del discurso del Sr. De los Ríos notaba yo una vaguedad, una indecisión, casi un vacío sobre el porvenir; y esa vaguedad, ese vacío, esa indecisión me llenaba a mí de temor y de recelo, porque ese vacío lo veo llenarse inmediatamente con el Concordato. No es que su señoría quiera el Concordato; no lo queremos ninguno; pero ese vacío, ese tajo dado a una situación, cuando más allá no queda nada, pone a un Gobierno republicano, a éste, a cualquiera, al que nos suceda, en la necesidad absoluta de tratar con la iglesia de Roma, y ¿en qué condiciones? En condiciones de inferioridad: la inferioridad que produce la necesidad política y pública. (Muy bien.) Y contra esto, señores, nosotros no podemos menos de oponernos, y buscamos una solución que, sobre el principio de la separación, deje al Estado republicano, al Estado laico, al Estado legislador, unilateral, los medios de no desconocer ni la acción, ni los propósitos, ni el gobierno, ni la política de la Iglesia de roma; eso para mí es fundamental.

Presupuestos y bienes

Otros aspectos de la cuestión son menos importantes. El presupuesto del clero se suprime, evidente; y las modalidades de la supresión, francamente os digo que no me interesan, ni al propio Sr. Ministro de Justicia le puede parecer mejor ni peor una fórmula u otra. Creo habérselo oído, creo que lo ha dicho públicamente: que sea sucesivamente, que sea en cuatro años amortizando el 25 por 100 del presupuesto en cada uno, esto no tiene ningún valor sustancial; no vale la pena de insistir.

La cuestión de los bienes es más importante; yo en esto tengo una opinión, que me voy a permitir no adjetivar, porque quizá el adjetivo fuese poco parlamentario, adjetivo que recaería sobre mí propio. Se discute aquí el valor de orden moral y jurídico que pueden representar las sumas que el Estado abona a la Iglesia, trayendo la cuestión de la época desamortizadora; si los bienes valen más o menos (un Sr. Diputado recordaba que la Universidad de Alcalá se vendió en 14.000 pesetas, y no fueron sumas recibidas a lo largo del siglo equivalen o no al montante total de los valores desamortizados y se hacen cuentas como si se liquidara una Sociedad en suspensión de pagos o en quiebra. Yo no estoy conforme con eso, lo dijese o no Mendizábal y sus colaboradores. Lo que la desamortización representa es una revolución social, y la burguesía ascendente al Poder con el régimen parlamentario, dueña del instrumento legislativo, creó una clase social adicta al régimen, que fue ella misma y sus adlátares, pero como eso no es un contrato jurídico ni un despojo, nada de eso, sino toda la obra inmensa, fuera de las normas legales, incapaz de compensación, de una revolución de orden social, la burguesía parlamentaria, harto débil, creó entonces los instrumentos y los apoyos necesarios para al Estado liberal naciente una cosa que tienen que hacer todos los Estados cuando se reforman con esa profundidad, no hay que olvidarlo.

Ahora se nos dice: Es que la Iglesia tiene derecho a reivindicar esos bienes. Yo creo que no, pero la verdad es, Sres. Diputados, que la iglesia los ha reivindicado ya. Durante treinta y tantos años en España no hubo Ordenes religiosas, cosa importante, porque, a mi entender, aquellos años de inexistencia de enseñanza congregacionista prepararon la posibilidad de la revolución del 8 y de la del 73. Pero han vuelto los frailes, han vuelto los Ordenes religiosas, se han encontrado con sus antiguos bienes en manos de otros poseedores, y la táctica ha sido bien clara: en vez de precipitarse sobre los bienes se han precipitado sobre las conciencias de los dueños, y haciéndose dueños de las conciencias tienen los bienes y a sus poseedores. (Muy bien.)

Este es el secreto, aun dicho en esta forma pintoresca, de la evolución de la clase media española en el siglo pasado; que habiendo comenzado una revolución liberal y parlamentaria, con sus pujos de radicalismo y de anticlericalismo, la misma clase social, quizá los nietos de aquellos colaboradores de Mendizábal y de los desamortizadores del año 36, esos mismos, después de esa operación que acabo de describir, son los que han traído a España la tiranía, la dictadura y el despotismo, y en toda esta evolución está comprendida la historia política de nuestro país en el siglo pasado.

El problema de las Ordenes religiosas

En realidad, la cuestión apasionante, por el dramatismo interior que encierra, es la de las Ordenes religiosas; dramatismo natural porque se habla de la Iglesia, se habla del presupuesto del clero, se habla de roma; son entidades muy lejanas que no tomas para nosotros forma ni visibilidad humana; pero los frailes, las Ordenes religiosas, sí.

En este asunto. Sres. Diputados, hay un drama muy grande, apasionante, insoluble. Nosotros tenemos, de una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente, sin exceptuar la libertad de la conciencia cristiana; pero tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado. Estos dos principios chocan, y de ahí el drama que, como todos los verdaderos y grandes dramas, no tiene solución. ¿Qué haremos, pues? ¿Vamos a seguir (claro que no, es un supuesto absurdo), vamos a seguir el sistema antiguo, que consistía en suprimir uno de los términos del problema, el de la seguridad e independencia del Estado, y dejar la calle abierta a la muchedumbre de Ordenes religiosas para que invada la sociedad española? No. Pero yo pregunto: reacción explicable y natural, el otro término del problema y borrar todas las obligaciones que tenemos con esta libertad de conciencia? Respondo resueltamente que no. (Muy bien, muy bien.) Lo que hay que hacer -y es una cosa difícil, pero las cosas difíciles son las que nos deben estimular-; lo que hay que hacer es tomar un término superior a los dos principios en contienda, que para nosotros, laicos, servidores del Estado y políticos gobernantes del Estado republicano, no puede ser más que el principio de la salud del Estado. (Muy bien.)

La salud del Estado, a mi modo de ver, es una cosa hipotética, un supuesto, como el de la salud personal; la salud del Estado, como la de las personas, consiste en disponer de la robustez suficiente para poder conllevar los achaques, las miserias inherentes a nuestra naturaleza. En tal Estado existen corrupciones, desmanes, desvíos de la buena administración y de la buena justicia: torpezas de gobierno que, por ser el Estado poderoso, denso y arraigado, no se notan, y que trasladadas a otro Estado más nuevo, más débil, menos arraigado, acabarían con él instantáneamente. Por consiguiente, se trata de adaptar el régimen de salud del Estado a lo que es el Estado español actualmente.

Criterio para resolver esta cuestión. A mi modesto juicio es el siguiente: tratar desigualmente a los desiguales; frente a las Ordenes religiosas no podemos oponer un principio eterno de justicia, sino un principio de utilidad social y de defensa de la República, Esto no tiene un rigor matemático ni puede tenerlo; pero todas las cuestiones de gobierno afortunadamente, no están encajadas en este rigor, sino que depende de la presteza del entendimiento y de la ligereza de la mano para administrar la realidad actual. (Muy bien, muy bien.) Tratar desigualmente a los desiguales, porque no teniendo nosotros un principio eterno de justicia irrevocable que oponer a las Ordenes religiosas, tenemos que detenernos en la campaña de reforma de la organización religiosa española allí donde nuestra intervención quirúrgica fuese dañosa o peligrosa. Pensad, señores Diputados, que vamos a realizar una operación quirúrgica sobre un enfermo que no está anestesiado y que en los debates propios de su dolor puede complicar la operación y hacerla mortal, no sé para quien, pero mortal para alguien. (Muy bien, muy bien.)

Y como no tenemos frente a las ordenes religiosas ese principio eterno de justicia, detrás del cual debiéramos ir como hipnotizados, sin rectificar nunca nuestra línea de conducta, y como todo queda encomendado a la prudencia, a la habilidad del gobernante, yo digo: las Ordenes religiosas tenemos que proscribirlas en razón de su temerosidad para la República ¿El rigor de la ley debe ser proporcionado a la temerosidad (digámoslo así, yo no sé siquiera si éste es un vocablo castellano) de cada una de estas Ordenes, una por una? No; no es menester. Por eso me parece bien la redacción de este dictamen; aquí se empieza por hablar de una Orden que no se nombra. «Disolución de aquellas Ordenes en las que, además de los tres votos canónicos, se preste otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.» Estos son los jesuitas. (Risas.)

Disolución de las Ordenes

Pero yo añado a esto una observación, que, lo confieso, no se me ha ocurrido a mí; me la acaba de sugerir un eminente compañero. Aquí se dice: «Las Ordenes religiosas se sujetarán a una ley especial ajustada a las siguientes bases.» Es decir, que la disolución definitiva, irrevocable, contenida en este primer párrafo, queda pendiente de lo que haga una ley especial mañana; y a mí esto no me parece bien; creo que esta disolución debe quedar decretada en la Constitución (Muy bien.), no sólo porque es leal, franco y noble decirlo, puesto que pensamos hacerlo, sino porque, si no lo hacemos, es posible que no lo podamos hacer mañana; porque si nosotros dejamos en la Constitución el encargo al legislador de mañana, que incluso podréis ser vosotros mismos, de hacer una ley con arreglo a estas normas, fijaos bien lo que significa dejar pendiente esta espada sobre una institución tan poderosa, que trabajará todo lo posible para que estas Cortes no puedan legislar más. Por consiguiente, yo estimo que en la redacción actual del dictamen debiera introducirse una modificación, según la cual este primer párrafo no fuese suspensivo, pensando en una ley futura, sino desde ahora terminante y ejecutivo.

Respecto a las otras Ordenes, yo encuentro en esta redacción del dictamen una amplitud que pensándolo bien, no puede ser mayor; porque dice: «Disolución de las que en su actividad constituyan un peligro para la seguridad del Estado.» ¿Y quiénes son éstas? Todas o ninguna; según quieran las Cortes. De manera que este párrafo deja a la soberanía de las Cortes la existencia o la destrucción de todas las Ordenes religiosas que ellas estimen peligrosas para el Estado.

Ahora bien; en razón de ese principio de prudencia gubernamental, de estilo de gobernar, yo me digo: ¿es que para mí son lo mismo las monjas que están en Cebreros, o las bernardas de Talavera, o las clarisas de Sevilla, entretenidas en bordar acericos y en hacer dulces para los amigos, que los jesuitas? ¿Es que yo voy a caer en el ridículo de enviar los agentes de la República a que clausuren los conventos de estas pobres mujeres, para que en torno de ellas se forme una leyenda de falso martirio, y que la República gaste su prestigio en una empresa repugnante, que estaría mejor empleado en una operación de mayor fuste? Yo no puedo aconsejar eso a nadie.

Donde un Gobierno con autoridad y una Cámara con autoridad me diga que una Orden religiosa es peligrosa para la República, yo lo acepto y lo firmo sin vacilar; pero guardémonos de extremar la situación aparentando una persecución que no está en nuestro ánimo ni en nuestras leyes para acreditar una leyenda que no puede por menos de perjudicarnos.

Dos salvedades

Tengo que hacer aquí dos salvedades muy importantes: una suspensiva y otra irrevocable y terminante. Sé que voy a disgustar a los liberales. La primera se refiere a la acción benéfica de las Ordenes religiosas. El señor Ministro de Justicia -y él me perdonará si tantas veces insisto en aludirle; pero la importancia de su discurso es tal, que no hay más remedio que referirse a él-, el señor Ministro de Justicia trazó aquí en el aire una figura aérea de la hermana de la Caridad, a la que él prestó, indudablemente, las fuentes de su propio corazón. Yo no quiero hacer aquí el antropófogo y, por lo tanto, me abstengo de refutar a fondo esta opinión del Sr. De los ríos; pero apele S.S. a los que tienen experiencia de estas cosas, a los médicos que dirigen hospitales, a las gentes que visitan las Casas de Beneficencia, y aun a los propios pobres enfermos y asilados en estos hospitales y establecimientos, y sabrá que debajo de la aspiración caritativa, que doctrinalmente es irreprochable y admirable, hay, sobre todo, un vehículo de proselitismo que nosotros no podemos tolerar. (Muy bien.) Pues qué, ¿no sabemos todos que al pobre enfermo hospitalizado se le hace objeto de trato preferente según cumple o no los preceptos de la religión católica? ¿Y esto quién lo hace, sino esta figura ideal, propia para una tarjeta postal, pero que en la realidad se da pocas veces?

La otra salvedad terminante, que va a disgustar a los liberales, es ésta: en ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las Ordenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero ésta es la verdadera defensa de la República. La agitación más o menos clandestina de la Compañía de Jesús o de ésta o de la de más allá, podrá ser cierta, podrá ser grave, podrá ser en ocasiones risible, pero esta acción continua de las Ordenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situación política por que España transcurre y que está en nuestra obligación de republicanos, y no de republicanos, de españoles, impedir a todo trance. (Muy bien.) A mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública. ¿Permitiríais vosotros, los que, a nombre de liberales, os oponéis a esta doctrina, permitiríais vosotros que un catedrático en la Universidad explicase la Astronomía de Aristóteles y que dijese que el cielo se compone de varias esferas a las cuales están atornilladas las estrellas? ¿Permitiríais que se propagase en la cátedra de la Universidad española la Medicina del siglo XVI? No lo permitiríais; a pesar del derecho de enseñanza del catedrático y de su libertad de conciencia, no se permitiría. Pues yo digo que en el orden de las ciencias morales y políticas, la obligación de las Ordenes religiosas católicas, en virtud de su dogma, es enseñar todo lo que es contrario a los principios en que se funda el Estado moderno. Quien no tenga la experiencia de estas cosas no puede hablar, y yo, que he comprobado en tantos y tantos compañeros de mi juventud que se encontraban en la robustez de su vida ante la tragedia de que se le derrumbaban los principios básicos de su cultura intelectual y moral, os he de decir que ése es un drama que yo con mi voto no consentiré que se reproduzca jamás. (Grandes aplausos.)

Si resulta, señores Diputados, que de esta redacción del dictamen las Cortes pueden acordar la disolución de todas las Ordenes religiosas que estime perjudiciales para el Estado, es sobre la conciencia y la responsabilidad de las propias Cortes sobre quien recae la mayor o menor extensión de esto que llamamos el peligro monástico. Sois vosotros los jueces, no el Gobierno ni éste ni otro. Y yo estimo que si unas instituciones, si queda alguna, si las Cortes acuerdan que queda alguna a quienes se les prohíbe adquirir y conservar bienes inmuebles, si no es aquel en que habitan, a quienes se les prohibe ejercer la industria y el comercio, a quienes se les ha de prohibir la enseñanza, a quienes se les ha de limitar la acción benéfica, hasta que puedan ser sustituidas por otros organismos del Estado, y a quienes se los obliga a dar anualmente cuenta al Estado de la inversión de sus bienes, si son todavía peligrosos para la República, será preciso reconocer que ni la República no nosotros valemos gran cosa. (Risas:)

Planteamiento del problema político

Y ahora, señores Diputados, llegamos a la última parte de la cuestión. Ya he expuesto la posición histórica y política tal como yo la veo; he penetrado en el problema político tal como yo me lo describo y llegamos a la situación parlamentaria. Si yo perteneciese a un partido que tuviera en esta Cámara la mitad más uno de los diputados, la mitad más uno de los votos, en ningún momento, ni ahora ni desde que se discute la Constitución, habría vacilado en echar sobre la votación el peso de mi partido para sacar una Constitución hecha a su imagen y semejanza, porque a esto me autorizaría el sufragio y el rigor del sistema de mayorías. Pero con una condición: que al día siguiente de aprobarse la Constitución, con los votos de este partido hipotético, este mismo partido ocuparía el Poder. (Muy bien.- Aplausos.) Ese partido ocuparía el Poder para tomar sobre sí la responsabilidad y la gloria de aplicar, desde el Gobierno, lo que había tenido el lucimiento de votar en las Cortes.

Por desgracia, no existe este partido hipotético con que yo sueño, ni ningún otro que esté en condiciones de ejercer aquí la ley rigurosa de las mayorías. Por tanto, señores Diputados, debiendo ser la Constitución, no obra de mi capricho personal, ni del de sus señorías, ni de un grupo, tampoco de una transacción en que se abandonen los principios de cada cual, sino de un texto legislativo que permita gobernar a todos los partidos que sostienen la República..., yo sostengo, señores Diputados, que el peso de cada cual en el voto de la Constitución debe ser correlativo a la responsabilidad en el Gobierno de mañana. Yo planteo la cuestión con toda claridad: aquí está el voto particular que sostienen nuestros amigos los socialistas; y yo digo francamente: si el partido socialista va a a sumir mañana el Poder y me dice que necesita ese texto para gobernar, yo se lo voto (Muy bien, muy bien. Aplausos.) Porque, señores Diputados, no es mi partido el que haya de negar ni ahora ni nunca al partido socialista las condiciones que crea necesarias para gobernar la República. Pero si esto no es así (yo no entiendo de estas cosas; estoy discutiendo en hipótesis), veamos la manera de que el texto constitucional, sin impediros a vosotros gobernar, no se lo impida a los demás que tienen derecho a gobernar la República española, puesto que la han traído, la gobiernan, la administran y la defienden. (Muy bien.)

Este es mi punto de vista, señores Diputados: mejor dicho, este es el punto de vista de Acción Republicana, que no tiene por qué disimular ni su laicismo ni su radicalismo constructor ni el concepto moderno que tiene de la vida española, en la cual de nada reniega, pero que está resuelta a contribuir a su renovación desde la raíz hasta la fronda, y que además supone para todos los republicanos de izquierda una base de inteligencia y colaboración, no para hoy, porque hoy se acaba pronto, sino para mañana, para el mañana de la República, que todos queremos que sea tranquilo, fecundo y glorioso para los que la administren y defiendan. (Grandes y prolongados aplausos.)